Hoy lanzamos la versión más reciente de nuestro
Informe de Transparencia relacionado a las solicitudes gubernamentales de información de los usuarios. En la segunda mitad de 2016 recibimos más de 45,000 solicitudes gubernamentales de información de los usuarios en todo el mundo. Este es el mayor número de solicitudes gubernamentales de información de los usuarios que hemos recibido en un período de seis meses desde que publicamos nuestro primer informe de transparencia en 2010.
Por diversas razones, esto no resulta una sorpresa. A medida que más personas utilizan más de nuestros servicios y conforme ofrecemos nuevos, es natural observar un aumento en las solicitudes gubernamentales. Por ejemplo, Gmail tenía
425 millones de usuarios activos en 2012, y
más de mil millones en 2016. Y a medida que la evidencia digital se convierte cada vez más en parte de las investigaciones de delitos, otras compañías están observando tendencias similares. Por supuesto que seguimos exigiendo un proceso legal apropiado para estas solicitudes, oponiendo resistencia a las peticiones excesivas que no están estrechamente calibradas a los requisitos legítimos de la aplicación de la ley y reformando la modernización de las leyes de vigilancia de información.
Las solicitudes de información transfronterizas siguen representando una parte sustancial de las solicitudes en general, con más de 31,000 en la segunda mitad de 2016 procedentes del exterior de los Estados Unidos. Este volumen destaca la necesidad de un marco internacional mejorado que responda a las necesidades legítimas de la aplicación de la ley y garantice altos estándares para el debido proceso, la privacidad y los derechos humanos. El proceso del Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT) facilita la producción de pruebas digitales en las investigaciones transfronterizas (cuando el delito ocurre en un país, pero los datos los tiene una empresa en otro país). Pero el proceso MLAT a menudo es lento y engorroso:
procesar una solicitud de MLAT en los Estados Unidos toma en promedio 10 meses. Eso es mucho tiempo de espera para un criminalista.
Sin mejores y más rápidas formas de reunir pruebas transfronterizas, los países estarán tentados a adoptar medidas unilaterales para hacer frente a un problema fundamentalmente multilateral. Un marco sostenible para manejar la evidencia digital en las investigaciones legítimas transfronterizas ayudará a evitar una caótica y contradictoria mezcla de propuestas de ubicación de datos y medidas de vigilancia ad hoc que pueden amenazar la privacidad y generar incertidumbre sin avanzar fundamentalmente en el cumplimiento legítimo de la ley y los intereses de la seguridad nacional.
Creemos que los gobiernos pueden desarrollar soluciones que equilibren de manera apropiada los diversos intereses en juego. Esto incluye respetar los derechos legítimos de privacidad de los usuarios, donde quiera que estén, así como las obligaciones de los gobiernos de investigar crímenes y proteger a sus residentes. La conversación debe incluir a un amplio grupo de partes interesadas, incluyendo no sólo las perspectivas de los agentes judiciales y de seguridad nacional, sino también las voces de los ciudadanos, grupos de la sociedad civil y proveedores de servicios de información que cruzan las fronteras nacionales.
Esta discusión planteará preguntas difíciles sobre el alcance de las facultades de vigilancia gubernamental, el alcance de la jurisdicción digital, la importancia de las investigaciones rápidas y los derechos de privacidad en la era de Internet; cuestiones fundamentales que no pueden ser abordadas adecuadamente por los tribunales usando normas jurídicas anticuadas o por los gobiernos que actúan de manera ad hoc.
Esperamos compartir más reflexiones sobre los marcos legales que pueden abordar algunos de estos retos en las próximas semanas y meses. Y esperamos con interés trabajar con las partes interesadas para elaborar soluciones viables y duraderas.
Publicado por Kent Walker, Vicepresidente Sénior y Consejero General
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